• Preparación para la respuesta a emergencias
• Preparación para la recuperación post desastre
• Ejecución de la respuesta
• Ejecución de la respectiva recuperación, la cual comprende: la rehabilitación y la reconstrucción
A continuación, revisaremos cada una de ellas:
• Preparación para la respuesta a emergencias: es una herramienta de diagnóstico, administrativa, organizacional y operativa, que le permite a la empresa, localidad etc. seguir unos parámetros de acción: antes, durante y después de una emergencia con el fin de mitigar las consecuencias de estas.
• Preparación para la recuperación post desastre: es el proceso orientado a reinsertar a la población, en su dinámica social, cultural y económica después de la ocurrencia del desastre. En este proceso se busca analizar los factores de riesgo existentes que determinaron la magnitud del desastre ocurrido. El protocolo para la recuperación post desastre es una propuesta de acciones que van desde el salvar las vidas de los habitantes de las zonas del desastre hasta recuperar los medios de vida, reduciendo los riesgos y asegurando condiciones para el desarrollo futuro, es decir que, aplicando el enfoque de recuperación, se propone transformar la dinámica de la población y el territorio mientras se reparan los daños generados por el desastre.
Por ejemplo, si el desastre es ocasionado por una avalancha en una población que se construyó muy cerca de un río que se desbordó, la solución no sería únicamente reconstruir el poblado en el mismo sitio, sino determinar la posibilidad de ubicarlos en otra área geográfica o instalar unas medidas que generen seguridad y eviten un nuevo suceso, como unas barreras de protección.
Las acciones por emprender para lograr la recuperación deben incluir los siguientes aspectos: infraestructura básica, salud, solución habitacional, agua y saneamiento, alimentación, educación, gobernabilidad, preparación y mitigación, coordinación interinstitucional y reactivación económica.
• La ejecución de la respuesta: es llevar a cabo las acciones proyectadas para restablecer las condiciones y medios de vida, que garanticen la sostenibilidad de las familias, los sistemas productivos y/o el tejido social que se han perdido como consecuencia de un evento.
• La ejecución de la respectiva recuperación la cual comprende: la rehabilitación y la reconstrucción. Después de un desastre, la pronta recuperación de servicios y actividades económicas afectadas, así como la reconstrucción oportuna de los activos dañados, son pasos importantes para minimizar los impactos negativos a largo plazo en la vida de los habitantes y en el crecimiento económico.
La fase de reconstrucción es una oportunidad importante de “reconstruir mejor”, con la Ley 1523 de 2012 Colombia adopta este principio, el cual significa evitar la reproducción de riesgos existentes, así como evitar la creación de nuevos riesgos. Tener responsabilidades legales y acuerdos presupuestales claros, facilitar la recuperación y reconstrucción exitosa y oportuna frente a un desastre. La Recomendación del Consejo sobre la Gobernanza de Riesgos Críticos de la OCDE (OCDE, 2014) sugiere establecer acuerdos de gobernanza que faciliten el uso eficiente de fondos públicos a través de acuerdos que estén protegidos de influencia indebida y corrupción.
De acuerdo con esta misma Ley, la asistencia financiera para recuperación y reconstrucción de desastres, la brinda el Gobierno central, siempre y cuando los recursos sectoriales y departamentales se hayan agotado, él provee apoyo financiero para la recuperación cuando se declare una calamidad pública o desastre. El nivel de apoyo financiero y el tipo de activo para los cuales se hace disponible la ayuda no se prescribe en la ley. Las únicas excepciones son activos de infraestructura de transporte, los cuales estarán bajo la autoridad del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), para quienes la asistencia de recuperación está regulada por la Ley 1682 de 2013 y el Decreto 4165 de 2011. Sin embargo, es de aclarar, que las reglas no son muy claras con respecto a los responsables y en cuales circunstancias intervienen cada uno de ellos, lo cual puede provocar retrasos en las ayudas.
Para asegurar resiliencia en la recuperación, la ley designa a la UNGRD como la agencia líder para coordinar y planear los esfuerzos de recuperación y reconstrucción, reconociendo las responsabilidades compartidas por todos los actores de la sociedad, su función será diseñar planes de acción de recuperación en cooperación con el Comité Nacional de Conocimiento de Riesgos el cual se encargará de la preparación del esfuerzo de recuperación y reconstrucción y el Comité Nacional de Reducción de Riesgo.
En Colombia, la responsabilidad de realizar valoraciones de daños post-desastre recae sobre el Gobierno municipal o departamental del área afectada. Para asegurar una valoración coherente de los daños para todos los desastres, la UNGRD ha designado un método estándar para la valoración temprana de daños que debe ser realizada tan pronto sea posible, después del evento. Y una valoración más detallada de los daños, la cual se debe realizar una vez que las operaciones de apoyo hayan terminado, estas valoraciones deben ser enviadas a los grupos de interés que hacen parte de la Sala de Crisis Nacional, para ser utilizados para el diseño y la financiación de planes de acción de recuperación (INGRD, 2013).
Para llevar a cabo la recuperación se requiere de grandes inversiones, por eso existen mecanismos de prefinanciación, tales como:
a. El Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD), manejado por la UNGRD, siendo la Junta del FNGRD quien decide la asignación de los recursos.
b. El Fondo de Adaptación, el cual fue utilizado para financiar acciones de recuperación y reconstrucción, después de los episodios de La Niña en 2010/11.
c. La Opción de Retiro Diferido por Catástrofe que ofrece el Banco Mundial, el cual provee 250 millones de dólares adicionales que se ponen a disposición en el evento de un desastre de nivel específico para propósitos de recuperación y reconstrucción.
d. El bono de 1 billón de dólares recientemente firmado bajo la Alianza del Pacifico entre Colombia, Chile, México y Perú (Artemis, 2018).
e. Presupuestos sectoriales reasignados o el presupuesto general administrado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (OECD, 2014; Colombian Ministry of Finance and Public Credit, 2010).